# Qué dice la ONU sobre los colectivos
La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó hallazgos sobre el papel de los colectivos armados progubernamentales. María Eloísa Quintero, integrante de la misión, expuso que existe base razonable para creer que estos grupos han apoyado acciones represivas: tareas de vigilancia, identificación de personas consideradas opositoras y participación directa en protestas y operativos de seguridad.
# Cómo operan en las comunidades
# Relación con el Estado
# Impacto sobre derechos y seguridad
La misión documenta que los colectivos han participado en acciones de represión política selectiva y han contribuido a la impunidad. La falta de investigaciones y sanciones ha permitido la persistencia de esas relaciones. La presencia de estas estructuras afecta libertades políticas y sociales y mantiene formas de control comunitario que limitan la participación cívica.
# Recomendaciones de la misión
La principal recomendación es clara: cesar el apoyo estatal a los colectivos armados y recuperar el control legítimo del uso de la fuerza y las armas. La misión propone un proceso progresivo, pacífico y basado en derechos humanos para el desarme, la desmovilización y el desmantelamiento de esas estructuras. También exige sancionar a los responsables y garantizar la reparación de las víctimas.
# Contexto reciente
Los hallazgos forman parte de un conjunto de informes sobre violaciones de derechos humanos y libertades políticas durante el último año, con énfasis en el periodo posterior al operativo militar estadounidense del 3 de enero, que marcó cambios en la situación política del país. Otros informes vinculados advierten que, aunque hay reducciones en algunas formas severas de represión, el aparato represivo del Estado conserva capacidad de cometer violaciones y persisten estructuras de control.
# Qué sigue
La misión presentará sus informes completos en los próximos días. Sus recomendaciones exigen medidas concretas del Estado: investigaciones, sanciones, reparaciones y un plan verificado para desarmar y desmovilizar a los colectivos, así como terminar con cualquier financiamiento o delegación de funciones coercitivas hacia esas estructuras.