La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió al Parlamento una reforma parcial de la "Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia". La solicitud busca principalmente la despenalización de los tipos penales incluidos en la norma y corregir lo que se describe como desviaciones en su aplicación.
La ley fue promulgada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente a solicitud del entonces presidente Nicolás Maduro. Establece penas que pueden llegar hasta 20 años de cárcel por los denominados "delitos de odio". Desde su aprobación diversas ONG y la coalición opositora han denunciado que la ley ha servido para perseguir y sancionar expresiones críticas, afectando la libertad de prensa y de opinión.
Qué propone la solicitud de reforma
Delcy Rodríguez envió una carta al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, solicitando que la iniciativa sea tramitada con carácter de urgencia. En la comunicación la mandataria encargada plantea despenalizar los tipos penales previstos en la norma y corregir "desviaciones en su aplicación". No se anuncia la eliminación completa del texto, sino una modificación parcial enfocada en retirar la vía penal para ciertas conductas.
En febrero del mismo año, el presidente del Parlamento reconoció el uso inadecuado de la ley y mencionó la posibilidad de una modificación. La petición de Delcy Rodríguez se enmarca en esfuerzos más amplios por transformar el sistema de justicia penal y por impulsar un reencuentro democrático, según la propia misiva. Organizaciones como Espacio Público han señalado que la vigencia y aplicación de la ley representan barreras para el ejercicio del periodismo independiente.
- Despenalizar ciertos tipos penales implicaría retirar penas privativas de libertad asociadas a expresiones calificadas como "delitos de odio".
- Cambios podrían reducir procesos judiciales y sanciones penales aplicadas a comunicadores, activistas y ciudadanos por opiniones críticas.
- La reforma parcial dejaría vigente otros elementos de la norma que no se menciona modificar en la comunicación pública.
La carta pide tratamiento urgente y corresponde ahora a la Asamblea Nacional decidir si abre el proceso legislativo para la reforma. El texto del proyecto de reforma, su alcance exacto y el cronograma de discusión no fueron presentados en la comunicación difundida. La aceptación o rechazo de la petición dependerá de la agenda parlamentaria y de acuerdos políticos internos sobre la materia.
La solicitud formaliza un cambio de dirección explícito respecto al uso penal de la Ley contra el Odio: la titular encargada propone quitar la vía penal para determinadas conductas sin eliminar la ley por completo. La decisión parlamentaria definirá si la reforma avanza y en qué términos se concretará la despenalización.